Un par de días después de la DANA en Valencia, tras el pavor y la tristeza que causó en todo el pueblo español, me invadió una inquietud y una pregunta: ¿Por qué un evento de tal magnitud no pudo haberse evitado o, al menos, previsto? No quería quedarme con el argumento fácil de culpar a los políticos de turno, aunque, al igual que cualquier profesional —p. ej., un ingeniero o arquitecto—, tienen su responsabilidad y deben responder con todo el peso de la ley, por su trabajo y sus consecuencias. Espero que ocurra más tarde o temprano y que por supuesto avancemos y mejoremos hasta tener un buen gobierno.

Con más de 25 años dedicándome a la tecnología, no lograba entender cómo un evento como el caudal de un río no estaba monitorizado (si lo estaba), pero al parecer no de forma eficaz (se enviaban correos manuales), también cuestionaba por qué no existían alarmas automáticas que avisaran a la población sin necesidad de intervención humana mucho antes de que el caudal llegara a ellas. Antes de que aparecieran datos sobre el tema en las noticias, decidí investigar y llegué al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), un proyecto que, en teoría, monitoriza nuestros recursos hídricos entre ellos la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mi primera reacción fue compartirlo con colegas tecnológicos, añadiendo una reflexión: «La tecnología es magnífica… pero si no hay nadie detrás, no sirve para nada. Muy triste que gastemos dinero público en sistemas que podrían salvar vidas y no funcionan. Seguro que, cuando se presentó como caso de uso, todos quedaron impresionados».

Una de las respuestas que recibí marcó el rumbo de este artículo: «Para evitar lo que pasó, vamos sobrados de tecnología». Y es muy cierto. No faltan herramientas tecnológicas, ni aplicaciones que resuelvan tareas complejas, lo que realmente falta es voluntad y en algunos casos hasta interés por cambiar lo que no está bien y si fuera el caso y una vez hecho, incorporar eficiencia, visión y utilidad hacia el ciudadano y finalmente la necesaria TRANSPARENCIA (regulada por Ley), porque cuando uno se sabe observado o mínimamente fiscalizado, trabaja no solo mejor, sino con más ahínco, y es que, como bien decía mi padre, el ojo del amo engorda el caballo.

Dicho lo anterior, entiendo que el cambio empieza por la voluntad de que TODOS, en la medida de nuestras posibilidades, empezando por los que nos gobiernan, mejoremos nuestro entorno, seamos más serios, más comprometidos, más legales y no solo miremos por nuestros intereses y de ahí la siguiente reflexión, convertida en post, nacida de la impotencia y el cansancio de un entorno cada día más mediocre. A continuación mi pequeña contribución y granito de arena para ayudar o hacer ver, primero, que si se puede evitar nunca vuelva a ocurrir y segundo, mejorar el entramado tecnológico del estado español, que demasiado a menudo se rodea de casos de corrupción, poca transparencia e ineficiencia, para que este pueda ser fiscalizado por cualquiera, incluido por supuesto los ciudadanos.

Criterios de un buen Gobierno «Electrónico» 

Voy a hablar de Gobierno «electrónico» y entrecomillo lo de «electrónico» pues no entiendo en nuestro tiempo uno que minimamente no lo sea, aunque realmente hablo de lo que debería de ser en nuestro caso España a nivel gubernamental global, siendo el canal electrónico y todo lo que él engloba primordial.  En relación a esto el informe UN E-Government Survey 2024 establece que un gobierno «electrónico» exitoso es aquel que no solo utiliza tecnologías digitales para mejorar la eficiencia administrativa, sino que también transforma la interacción entre los ciudadanos, el sector privado y las instituciones gubernamentales. Para ello debe cumplir con los «Criterios de un Buen Gobierno Electrónico», estos son:

1. Acceso Universal a los Servicios Digitales
La accesibilidad es un principio clave para un buen gobierno electrónico. Los servicios deben estar disponibles para todos los ciudadanos, incluidos aquellos en áreas rurales, personas mayores y comunidades desfavorecidas. Esto implica proporcionar infraestructura tecnológica básica, como acceso a internet de alta velocidad, y desarrollar interfaces amigables para diferentes niveles de alfabetización digital.

En el caso de España ha avanzado significativamente en infraestructura digital, con una cobertura de banda ancha del 93%, aún existen brechas digitales, especialmente en zonas rurales y entre personas mayores. Es necesario fomentar programas de alfabetización digital para estas comunidades y asegurar que las plataformas sean inclusivas, con interfaces adaptadas a personas con discapacidades.

Es importante ofrecer alternativas presenciales para aquellas personas que, por distintos motivos, no puedan acceder a los servicios digitales.

2. Infraestructura Tecnológica Robusta
Un gobierno electrónico necesita una infraestructura tecnológica sólida que permita operar plataformas en línea de manera confiable. Esto incluye la implementación de redes de banda ancha, centros de datos seguros y plataformas interoperables que faciliten la integración de servicios entre distintas agencias gubernamentales.

Aunque las administraciones locales y autonómicas españolas están digitalizando procesos, hay fragmentación en la interoperabilidad de sistemas entre distintos niveles de gobierno. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que dar alguna documentación en varias ocasiones cuando realmente ya se supone que la tendrían o cuántos no han consultado con su médico de cabecera resultados de pruebas a las que no puede acceder desde la aplicación móvil de los servicios de salud? En este contexto, sería crucial implementar plataformas unificadas, así como modernizar infraestructuras en regiones con menor desarrollo tecnológico.

3. Capital Humano Preparado
La alfabetización digital de los ciudadanos y funcionarios es fundamental. Esto implica invertir en educación y formación continua, no solo para que los ciudadanos puedan usar las plataformas digitales, sino también para que los empleados públicos estén capacitados en las tecnologías necesarias para mantener y mejorar los servicios.

Los funcionarios públicos necesitan formación específica en tecnologías digitales, especialmente en el uso de inteligencia artificial y análisis de datos. También se requiere una estrategia más robusta de capacitación ciudadana, integrando programas educativos sobre el uso de plataformas digitales en escuelas y centros comunitarios. Considero que sería fundamental incluir una asignatura obligatoria en secundaria para que aprendieran a manejarse con todos aquellos temas que tecnológicamente les pueda facilitar su vida personal y profesional, como el uso del DNI electrónico, certificado digital etc. En relación a las pruebas de oposición para funcionarios incluiría temarios muy enfocados al área digital, no nos podemos quedar en el manejo de office y punto, nos merecemos funcionarios público ágiles y capacitados.

4. Provisión de Servicios en Línea
Un buen gobierno electrónico debe centralizar servicios esenciales en plataformas digitales. Esto abarca trámites como pagos de impuestos, solicitudes de documentos y servicios de salud. Además, estos portales deben ser intuitivos, accesibles las 24 horas y diseñados con una experiencia de usuario que minimice la frustración y maximice la eficiencia. Todos nos hemos visto usando el certificado digital en diferentes páginas y en unas te funciona y en otras no, desconoces el motivo y es desesperante.

Aunque existen plataformas en el Portal del Ciudadano Español como Carpeta Ciudadana, muchos servicios siguen siendo complicados de gestionar debido a procesos redundantes o falta de integración entre agencias. España debería simplificar los trámites y mejorar la experiencia del usuario, asegurando que todos los servicios esenciales estén disponibles en una sola plataforma.

5. E-Participación y Gobierno Abierto
La participación ciudadana es un pilar del gobierno electrónico. Las herramientas digitales deben permitir que los ciudadanos expresen sus opiniones, participen en consultas públicas y se involucren en la toma de decisiones. Los portales de e-participación, como encuestas en línea y plataformas de votación electrónica, fomentan una democracia más inclusiva.

Si bien existen iniciativas como Decide Madrid, estas herramientas no están extendidas de forma uniforme en todo el país. Sería beneficioso implementar plataformas de participación ciudadana a nivel nacional y regional, permitiendo consultas digitales y votaciones electrónicas con mayor frecuencia.Igualmente se podrían extraer datos útiles de las mismas para su análisis, que seguro que ayudarán a solventar muchos problemas.

6. Transparencia y Datos Abiertos (y aquí profundizo, pues es un tema que me interesa mucho)
Un gobierno electrónico debe garantizar la transparencia en todas sus operaciones. Esto incluye la publicación de datos abiertos sobre políticas, presupuestos, licitaciones públicas, resultados de programas e incluso dónde va hasta el último euro de los impuestos que pagamos, de ejemplo en este caso podemos poner al Gobierno Australiano que muestra a cada uno de sus contribuyentes donde se invierte lo cobrado en tasas. Al proporcionar información clara y accesible, se fomenta la rendición de cuentas y se empodera a los ciudadanos para supervisar las actividades gubernamentales.

Aunque España tiene un portal de datos abiertos, su uso podría ser más intuitivo, así como la cantidad de datos publicados debe incrementarse, y la información debe estar actualizada y presentada de forma comprensible para el ciudadano promedio. Además, se deben crear herramientas que permitan analizar estos datos fácilmente o que se puedan descargar sin problema para ser analizados externamente.

En este contexto, no puedo dejar de mencionar primero a Jaime Gómez-Obregón —a quien sigo con interés—, un ingeniero de datos que ha demostrado cómo la tecnología puede ser utilizada para transformar la administración pública. Entre sus proyectos más destacados se encuentra el mapa de la contratación pública en Cantabria, que expuso irregularidades en el gasto público y generó impacto incluso en el Parlamento autonómico. Además, su documento Diez Propuestas para una Mejor Transparencia ofrece soluciones concretas para gestionar los recursos públicos con mayor eficiencia (un recurso valioso, muy recomendable). Gómez-Obregón es un ejemplo claro de cómo liderar con compromiso y visión puede iluminar los rincones oscuros de las instituciones. Su enfoque no solo demuestra que las administraciones pueden ser transparentes y eficientes, sino que también pueden estar genuinamente enfocadas en el ciudadano y por qué no, también puede auditarlas.

Por otro lado y visto los continuos casos de corrupción que salieron en gobiernos anteriores y en los actuales, podríamos decir que la tan mencionada (me incluyo) inteligencia artificial puede tener un impacto transformador al analizar datos financieros con una profundidad y precisión que superan las capacidades humanas. Esto no solo permitiría a las administraciones públicas optimizar el uso de los recursos, sino también detectar irregularidades y prevenir abusos en la asignación de fondos.

La aplicación de estas tecnologías podría extenderse aún más si las administraciones adoptan plataformas que permitan a los ciudadanos acceder directamente a información presupuestaria en tiempo real. Esto crearía un entorno en el que tanto los gestores públicos como la ciudadanía (tal y como lo ha hecho Jaime) puedan supervisar la utilización de los recursos, fortaleciendo el principio de rendición de cuentas y reduciendo las oportunidades para prácticas corruptas.

7. Seguridad y Protección de Datos
La ciberseguridad y la protección de los datos personales son elementos críticos en un gobierno electrónico. Esto requiere la implementación de medidas como la encriptación de datos, autenticaciones seguras y sistemas de respaldo. Los ciudadanos deben confiar en que su información está protegida y que los servicios electrónicos son seguros.

En este aspecto España necesita fortalecer sus medidas de ciberseguridad, especialmente frente al creciente riesgo de ataques a infraestructuras críticas. Poniendo un ejemplo,  actualmente se investiga si la Agencia Tributaria (AEAT) de España ha sido víctima de un ciberataque con el ransomware Trinity, que habría comprometido 560GB de datos confidenciales. Igualmente se debe garantizar que los datos personales gestionados por las administraciones sean protegidos de acuerdo con las normativas, como el RGPD, implementando auditorías regulares y sistemas de encriptación más avanzados.

8. Inclusión de Tecnologías Emergentes
El uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el blockchain y el big data permite mejorar la eficiencia, reducir la burocracia, personalizar los servicios y anticiparnos en determinados acontecimientos como los mencionados al inicio de este artículo. Estas tecnologías pueden ayudar a predecir problemas, optimizar recursos y proporcionar soluciones más rápidas y efectivas.

Aunque hay iniciativas para introducir inteligencia artificial en la administración, como en el caso de Justicia, la implementación aún es limitada. España debería adoptar tecnologías emergentes de manera más amplia, empezando por procesos rutinarios como auditorías automatizadas y gestión de datos en tiempo real.

9. Marco Legal y Político Claro
Un buen gobierno electrónico necesita un marco normativo que regule el uso de tecnologías digitales. Esto incluye leyes sobre protección de datos, transparencia, accesibilidad digital e interoperabilidad entre sistemas. Además, se requieren políticas de estado que impulsen una visión a largo plazo del desarrollo digital.

Aunque España cuenta con un marco normativo para la transformación digital, falta claridad en algunos aspectos de interoperabilidad y protección de datos. Es importante actualizar estas regulaciones para adaptarlas a tecnologías emergentes y crear incentivos para fomentar la innovación dentro de las administraciones públicas.

10. Innovación Continua y Resiliencia
El entorno digital está en constante evolución, por lo que los gobiernos electrónicos deben estar preparados para adaptarse rápidamente a nuevos desafíos y oportunidades. Esto implica invertir en investigación y desarrollo, mantener los sistemas actualizados y promover una cultura de innovación y transparencia dentro de las instituciones públicas.

Por poner algunos ejemplos podríamos utilizar IA para analizar los procesos de licitación. Al identificar patrones sospechosos, como adjudicaciones recurrentes a un mismo proveedor, permitiría descubrir irregularidades en contratos. También se podrían revisar contratos en tiempo real, identificando conflictos de interés potenciales, y sobrecostes en proyectos de infraestructura, permitiendo a las autoridades rectificar antes de que se generen pérdidas significativas. También se podría ofrecer mayor  transparencia al permitir que los ciudadanos visualicen todo el proceso de contratación pública, desde la convocatoria hasta la adjudicación final, este tipo de plataforma ofrecería una visión clara de cómo se gestionan los recursos públicos, fomentando la confianza de los ciudadanos.

España en este criterio necesita adoptar una cultura de innovación continua en sus administraciones públicas. Esto incluye la inversión en investigación y desarrollo, así como la implementación de sistemas más flexibles que puedan ser actualizados sin interrupciones significativas.

Conclusión: La Tecnología Está, Pero Falta Voluntad

Tecnologías anteriores y actuales como blockchain, big data e inteligencia artificial están listas para transformar nuestras administraciones públicas, pero su éxito depende de algo más: visión, compromiso y liderazgo enfocado en el ciudadano.

Este artículo intenta imaginar un futuro mejor, donde la tecnología no solo esté disponible, sino que sea utilizada de forma efectiva para proteger y servir a las personas. La pregunta que debemos hacernos no es si tenemos las herramientas, sino si estamos dispuestos a usarlas para el beneficio colectivo.